En principio, el criterio de cumplimiento de la pena cuando la sentencia es firme tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo no es inamovible. En caso de que el condenado recurra al Tribunal Constitucional, como sin duda hará Urdangarin, el garante de la Carta Magna puede suspender la ejecución de la condena en tanto no se pronuncie al respecto.

Fuentes jurídicas afirmaron que el recurso al Constitucional está ya redactado en sus líneas principales por la defensa del marido de la infanta Cristina y que será presentado lo antes posible tras la publicación de la sentencia del Supremo. No sería la primera vez que el TC suspende la ejecución de una condena, aunque no suele hacerlo en caso de penas superiores a los seis años.

La ponencia del recurso de casación a cargo de Antonio del Moral está siendo analizada por el resto de los magistrados. El Tribunal Supremo celebró el pasado 21 de marzo una vista oral para escuchar de las acusaciones y de las defensas un resumen de sus recursos de casación, que ocupan centenares de folios.

Desde entonces, los magistrados Manuel Marchena, Miguel Colmenero, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Del Moral estudian las alegaciones frente a la resolución que rebajó notablemente las penas que pedía el Ministerio Público a los principales acusados en este procedimiento, que se originó como pieza separada del 'caso Palma Arena' por las actividades delictivas que realizó el marido de la infanta Cristina con su exsocio Diego Torres mediante el instituto Nóos, una entidad que debió realizar labores sin ánimo de lucro, pero a través de la cual se obtuvieron contratos millonarios.

Urdangarin fue condenado a seis años y tres meses de prisión, frente a los 19 que pedía la Fiscalía. A su exsocio Diego Torres le condenaron a ocho años, la pena más alta. Ambos resultaron absueltos del delito de estafa. La Fiscalía recurrió la sentencia y pide un incremento de sus condenas, que llega hasta los 10 años de cárcel en el caso del exduque; 12 años y cuatro meses para Torres, y unos meses extra para otro de los principales protagonistas de la trama, el expresidente balear Jaume Matas, condenado a más de cuatro años de privación de libertad.

Por su parte, la infanta Cristina fue absuelta, pero se la declaró responsable civil a título lucrativo, como pedía la Fiscalía, por lo que tuvo que responder, solidariamente con su marido, a la responsabilidad civil de él por la actuación de la empresa que ambos compartían, el Instituto Aizoon. Entre los dos tuvieron que pagar 265.088,42 euros.