El magistrado también ha citado a otros cargos de Convergència y a varios empresarios. En su auto, De la Mata considera que todos ellos contribuyeron a “poner en marcha una estructura para financiar ilegalmente el partido” mediante donaciones a fundaciones vinculadas a CDC, como CatDem y Forum Barcelona, “alterando todo tipo de concursos públicos”.

Las 23 personas citadas pasarán por las dependencias de la Audiencia Nacional entre el 11 y el 22 de junio. De la Mata asumió la causa que había estado instruyendo el juez número 1 de El Vendrell y estas citaciones son las primeras diligencias que practica.

La causa está abierta por delitos de prevaricación, soborno, alteración de precios en concursos y subastas públicas, malversación de fondos públicos, fraude contra la administración, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partido político, falsedad en documentos mercantiles y tráfico de influencias.

Entre las personas investigadas están también exresponsable económico y jurídico de CDC Xavier Sánchez; la asesora económica y financiera de CDC, Anna Dolors Benítez, y el gerente y coordinador del área económica de CDC Carles del Pozo Cerdà. También pasarán por la Audiencia varios altos cargos de la empresa pública municipal Bimsa, la directora de contratación y fianzas de Infraestructures.cat, Pilar Matesanz, y el presidente del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona durante dos de los concursos investigados, Sixte Cámara.

En la lista de citados a declarar también figuran Constantí Serrallonga, director general de la Feria de Barcelona y exgerente del Ayuntamiento de Barcelona en la época de Xavier Trias; José María Zaragoza de Pedro, Pedro del Llano Vivancos, Ramón Anglada, Antoni García Bragado y Jordi Duran Vall-llosera.

También se cita a varios empresarios que presuntamente actuaron “de manera encubierta con altos cargos de CDC y otros cargos de índole política para obtener la adjudicación ilícita de concursos públicos a cambio de la entrega de donaciones a fundaciones ligadas a CDC (CatDem y Forum Barcelona) con el fin de financiar ilegalmente el partido político”.

La 'operación Pika', que desarrolló el pasado año la Guardia Civil, se saldó con 18 detenidos, que están en libertad, y se realizaron más de un veintena de registros. Algunas de las obras investigadas, que habrían sido adjudicadas a empresas que podrían haber pagado un comisón del 3% para la financiación del partido, son los túneles de las Glorias o instalaciones del Puerto de Barcelona.