"Nos presentan como delincuentes cuando nuestro trabajo es salvar vidas cumpliendo siempre la ley de forma escrupulosa", señaló la asturiana Anabel Montes, patrona de uno de los dos barcos con los que Proactiva Open Arms realiza rescates en el Mediterráneo, y que junto a Maleno participó en Madrid en un encuentro dentro del ciclo 'Mujeres contra la Intolerancia', que organizan la Asociación de Mujeres de Guatemala y La Casa Encendida.

Según Montes, los problemas para su organización comenzaron hace algo más de un año, coincidiendo con el acuerdo alcanzado entre Italia y las autoridades libias para controlar la inmigración ilegal, que incluye cursos de formación para los guardacostas libios, "en realidad, milicianos reconvertidos", según Maleno.

"Hasta entonces, los guardias libios se habían limitado a pedirnos que no entrásemos en sus aguas territoriales y a defender su soberanía", explicó, pero "nunca interferían en las misiones de rescate. Fue firmar el acuerdo y empezar a dificultarnos las cosas, retrasando la salida de nuestros barcos y exigiendo la devolución de los rescatados. El primer susto llegó una vez que dispararon al aire para que parásemos", agregó la activista, quien afirma que han recibido amenazas de muerte.

Añadió que, al mismo tiempo, en Italia "se inició una campaña de desprestigio contra las ONG que trabajábamos en rescates, que en realidad hacemos una labor de la que deberían ocuparse los Estados y la UE".

LOS TAXIS DEL MAR

Afirmó que Luigi Di Maio, el líder del Movimiento 5 Estrellas, nos llamó "los taxis del mar y la expresión triunfó en los medios y en la opinión pública. El resultado más conocido de esta campaña fue la inmovilización de uno de nuestros barcos y la acusación contra nuestros compañeros de promover el tráfico de personas por parte de la justicia italiana, cuando teníamos todos los permisos de Roma y actuamos siempre de acuerdo a la ley".

"Fue muy triste", confesó Montes, tras expresar su preocupación por la llegada del Movimiento 5 Estrellas y de la Liga Norte al Gobierno italiano. También Maleno, que desde hace años defiende los derechos humanos de los migrantes que intentan llegar a España desde Marruecos, tiene algo que decir sobre la "criminalización de las ONG", esta vez en el Estado español.

La activista tiene pendiente en Tánger una acusación por colaboración con las redes de trata de personas, causa que fue derivada a los juzgados de Marruecos -donde ella reside- por las autoridades españolas a raíz de un caso iniciado en 2012, cuando la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (UCRIF) de la Policía Nacional abrió una investigación contra ella, al considerar que las llamadas que hace a diario a Salvamento Marítimo informando de pateras a la deriva en el Mediterráneo podían indicar una relación con las mafias de tráfico de personas.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó esta causa en 2017, pero la documentación aún no ha llegado a Marruecos, motivo por el que el juez de Tánger al que se remitieron los hechos desde España aún no ha cerrado el caso.

Por último, exigió a España y a Marruecos "la misma colaboración y la misma eficacia a la hora de salvar vidas que la que muestran en el control de fronteras". "Cuando hay un salto a la valla hablan cada media hora, pero cuando avisamos a Marruecos porque detectamos una patera a la deriva, los guardias tardan mucho en actuar. Les faltan medios, pero podrían recibir apoyo aéreo de España y esto no sucede", concluyó.