Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores, España considera que los asentamientos en territorios ocupados son “ilegales” según lo establece el derecho internacional, como señaló la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, y constituyen un “obstáculo para la paz”.

También lamentó la inminente demolición de la comunidad de beduinos en Khan Al Ahmar tras haberse agotado todos los recursos en la vía judicial, una acción que tendrá un “duro impacto social” en las comunidades afectadas y que incide sobre una “zona sensible” en la perspectiva de una “paz futura”.

Por último, el Gobierno reiteró su posición favorable a una solución de dos Estados e invitó a las partes a reanudar las negociaciones de paz.