Para acceder a este nuevo derecho se pedirá en el momento de la solicitud estar en posesión del título habilitante, al que se tendrá acceso acreditando la condición de víctima de violencia de género y dará lugar al ejercicio de los derechos reconocidos en esta normativa.

También se facilita que los centros de acogida dispensen alojamiento seguro, así como manutención y otros gastos, a las mujeres y personas a su cargo por el tiempo necesario para llevar a cabo su recuperación, sin que pueda exceder de 12 meses.

Durante el debate parlamentario, la parlamentaria de Podemos Clara Serra consideró que esta modificación es "un gran cambio para las mujeres madrileñas y uno de los logros" de la Cámara regional.

Explicó que hasta el momento, "con el hecho de necesitar la denuncia, ha descansado sobre las mujeres el peso de poner fin a la situación en la que viven cuando luego judicialmente no se les ha dado respuesta".

A su juicio, se trata de un problema "de fondo" relacionado con los gobiernos y destacó que "han sido las tijeras y los recortes del PP los que han dejado a la Justicia desvalida para creer a las mujeres y que las mujeres puedan creer en ellas".

La diputada socialista Carmen Martínez Ten indicó que "muchas mujeres solo están en condiciones de presentar una denuncia después de un proceso de recuperación o casi de reconstrucción personal" y destacó que "por esto se trata de un avance importante". "Aunque tarde, con este cambio se avanza y mejora la protección de las víctimas de violencia de género".

La diputada del PP Nadia Álvarez indicó que se ha dado "un paso más" en la lucha contra la violencia de género y expresó el "compromiso absoluto y desde el minuto uno del Gobierno de la Comunidad para luchar con todos los medios".

Indicó que a los cinco meses de que se constituyera el Ejecutivo se aprobó la primera estrategia en esta materia, añadió que "debemos erradicarla entre todos de la mano y sin fisuras” y confió en que este consenso “continúe día a día durante toda la legislatura".

La diputada de Ciudadanos Esther Ruiz manifestó que esta reforma es "un gran paso" y consideró "más que evidente que queda mucho por hacer, pero esto va a suponer un antes y un después para todas las víctimas, siempre y cuando el Gobierno aplique bien la modificación".

Además de celebrar que se haya dado luz verde a esta norma "por consenso", dándole una vuelta de 180º grados a la propuesta inicial del PP, afirmó que la medalla no se la puede poner el presidente regional, Ángel Garrido, y añadió que “se la vamos a poder poner a todas las valientes que sufren esta lacra".