De hecho, el que fuera ministro de Justicia y expresidente de la Comunidad de Madrid ha llegado a decir que le duele que se le pregunte por el presunto cobro de comisiones, aunque entiende que la Fiscalía tiene que formular esa cuetión.

Gallardón defendió que la compra se autorizó “en el más absoluto convencimiento de que era buena para el Canal de Isabel II y los madrileños”. Ha insistido en que todo el proceso de adquisición se realizó con arreglo a la legalidad y con “todos los informes jurídicos favorables".

Tras declarar por espacio de dos horas en la Audiencia Nacional y responder a todas las preguntas, Gallardón ha hecho declaraciones a los periodistas en las que ha defendido “la legalidad y la prudencia” con la que se hizo la operación, que contaba con “todos los informes jurídicos favorables” y que, con el paso del tiempo, se “ha demostrado que fue una buena decisión por parte del Canal”.

Ruiz Gallardón ha insistido en la transparencia del órgano que tomó la decisión de compra en el que “había representantes del PP, del PSOE y sindicatos", y manifestó su confianza en que cuando finalice al investigación “se certifique que las cosas se hicieron bien y de acuerdo con la ley".

El magistrado de la Audiencia Nacional cierra este jueves la ronda de interrogatorios por la presunta compra irregular de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II, con la citación del expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón, quien ha acudido a comparecer a primera hora en calidad de investigado por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El expresidente madrileño llegó a pié a las nueve de la mañana a la Audiencia Nacional acompañado por su hijo José, que está llevando su defensa. En su comparecencia respondió sobre la compra de la empresa colombiana Inassa a través de una compañía panameña por un total de 73 millones de dólares, una cantidad que la Fiscalía considera muy superior al valor real de la compañía. El magistrado considera que la trama investigada en el caso Lezo tiene al expresidente madrileño Ignacio González a la cabeza. La citación de Gallardón fue solicitada por la Fiscalía.

La compra de Inassa fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid con el voto del propio Ruiz Gallardón el 29 de noviembre de 2001. Con posterioridad, Ignacio González encargó un informe al despacho Cuatrecasas, en concreto a su cuñada Pilar Cavero, que en 2004 desaconsejaba la compra.