Gabilondo indicó que, “según el informe de fiscalización del año 2013 de la Cámara de Cuentas, la venta de estas viviendas ha dado lugar a la contabilización como pérdidas de más de 98 millones” y destacó que para la Comunidad “ha sido una mala operación”.

“Con ella”, añadió, “no parece perseguirse la inclusión social para personas con menos recursos sino solo el lucro, mercantilizando la vivienda social”.

Además, señaló que “hay una suerte de desprotección y desamparo” y añadió que “es cuestión de restablecer los derechos de las familias que vivieron la venta y el acoso posterior de los fondos de inversión”. A su juicio, “la única respuesta del Gobierno ha sido recurrir el fallo judicial, lo que significa seguir defendiendo que la operación fue legal”.

Explicó que “el fallo constata que no se sostiene el argumento de que esas viviendas con función social no eran necesarias y que la enajenación masiva no pasó por ningún Consejo de Administración de la empresa pública” y consideró que el auto del juzgado explica que “dicha adjudicación no se ajustó a derecho y no se justificó en base a ningún informe técnico, económico, financiero ni legal”.

“Solo con sus declaraciones de que aquella operación no fue un acierto y con su compromiso de que no se va a vender jamás a fondos de inversión vivienda pública no nos está indicando el camino de qué política de vivienda pública defiende usted en este asunto”, dijo Gabilondo, quien manifestó que “señalar que esto pasó hace tiempo tampoco resuelve, y su obligación es comprometerse con las personas perjudicadas por aquella decisión política, mediante otra decisión política”.

Ángel Garrido explicó que su Gobierno está comprometido con el fin social de las viviendas y con no vender pisos públicos a fondos de inversión. “Lo estamos cumpliendo escrupulosamente”, declaró Garrido, quien afirmó que no le gustó la decisión que tomó el Gobierno regional en 2013 de vender casi 3.000 viviendas y afirmó que “yo tengo que gestionar sus consecuencias”. Asimismo, señaló que hay varias sentencias sobre este asunto y no todas son coincidentes y dijo que “cuando haya una sentencia firme, la vamos a acatar”.