Esta decisión permite atender a pacientes adictos con un trastorno persistente y larga historia de consumo, que presentan un importante grado de discapacidad, y a pacientes de menor tiempo de evolución del trastorno.

Rollán indicó que la atención residencial tiene como finalidad mantener al paciente en remisión del consumo de drogas en un medio controlado, apoyando y verificando el cumplimiento de las prescripciones que establece el centro de día o servicio de tratamiento del que dependa.

El contrato contempla tres grupos de pacientes que se enmarcan dentro de cada uno de los lotes del expediente. Por un lado, pacientes adictos a drogas con graves afectaciones orgánicas crónicas, a los que se les proporciona una cobertura de sus necesidades básicas y un apoyo que les permita mantener la abstinencia a drogas y evitar, en la medida de lo posible, los reingresos hospitalarios, ofreciéndoles continuidad de cuidados con estancias prolongadas.

Por otro lado están los pacientes adictos a drogas en situación de alta marginalidad y fuera del alcance del sistema sanitario, a los que se les proporciona una cobertura de sus necesidades básicas e intervenciones que faciliten la adherencia al tratamiento.

Y, por último, pacientes adictos a drogas de corta o media evolución que, tras su paso por un centro hospitalario, inician su desintoxicación, el proceso de deshabituación y el tratamiento en centros asistenciales y tienen indicación de apoyo residencial a ese tratamiento.

Rollán explicó que aunque los pacientes sufren situaciones diferentes, todas las plazas están dirigidas a pacientes con trastorno por consumo de drogas, en tratamiento ambulatorio en centros públicos de la Comunidad de Madrid y que necesitan apoyo residencial para cumplir las prescripciones del tratamiento.