Cantalapiedra participó este lunes en el debate sobre la reforma de la financiación autonómica organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica en Madrid. En su opinión, es necesario "aprovechar el contexto actual" si se pretende que las comunidades autónomas "sigan siendo autónomas en materia de financiación".

Para Cantalapiedra, el papel del Fondo de Financiación a comunidades autónomas es especialmente relevante, puesto que "casi un 60%" del endeudamiento autonómico depende de él. Este fondo, según explicó, se incrementó en casi 16.000 millones de euros durante 2017 hasta alcanzar los 166.100.000 euros. De acuerdo con su previsión, las comunidades tendrán que financiar unas necesidades de 35.000 millones de euros en 2018, de los cuales "la mayoría" procederán de dicho fondo.

En cuanto al impacto de una hipotética reestructuración, para el socio de AFI "puede ser similar en términos financieros al de una quita", con el requisito adicional de "una metodología que amortiguase las asimetrías entre regiones" para que las comunidades se financiaran de forma autónoma. Cantalapiedra señaló que, si bien una quita "resulta más transparente y comprensible" que una reestructuración, sus efectos políticos "pueden no ser asumibles para algunos territorios".

El profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, Jorge Onrubia, también participó en el debate. Desde su punto de vista, la revisión del Sistema de Financiación Autonómica ha sufrido una "dilación injustificable", motivada por "la comodidad del Gobierno central para implementar medidas de consolidación fiscal".

Según Onrubia, el hecho de que el Gobierno fijase unos objetivos de déficit público iguales para todas las comunidades " no contribuye a la estabilidad ni al cumplimiento de objetivos". El profesor se mostró partidario de realizar una reestructuración "individualizada, sobre la evaluación de condicionantes económicos y financieros", así como de la "adopción efectiva de planes de consolidación fiscal" y la"eficiencia en el gasto". Además, propuso la creación de un nuevo mecanismo de financiación extraordinaria pensado para atender exclusivamente "situaciones financieras muy graves, excepcionales, individualizables y debidamente justificadas".

Por su parte, la profesora de Economía Aplicada y Gestión Publica de la UNED, Ana Herrero, defendió que los mecanismos extraordinarios de liquidez "eran necesarios", puesto que suponen una "garantía de continuidad de los servicios públicos" y "facilitan la sostenibilidad de la carga financiera". No obstante, Herrero explicó que estos mecanismos también acarrean problemas, como la "reducción de la autonomía de gobierno", su "funcionamiento opaco" (en lo relativo a criterios de distribución) y su "diseño inestable", con cambios normativos frecuentes.

Para la profesora, dejar la deuda como está conllevaría que "la vuelta a los mercados será difícil", además de "problemas de sostenibilidad en los servicios públicos". Sin embargo, efectuar quitas o reestructuraciones también tendría sus efectos negativos, como el envío de "señales incorrectas a los mercados" o que "se desincentivará la gestión eficiente", además de que sería algo "injusto para las comunidades que no se hayan endeudado tanto".