El ministro señaló que "a juicio del Gobierno, la Comisión Europea interpreta erróneamente nuestra ley de financiación, al considerar que el hecho imponible para las aportaciones de las teleoperadoras se fundamenta sencillamente en tener una autorización para prestar servicios de comunicaciones electrónicas".

"Pero no es así", subrayó el jefe de la diplomacia. "La ley considera sujetos pasivos exclusivamente a los operadores que simultáneamente presten servicios minoristas tanto de comunicaciones electrónicas como de comunicación audiovisual de la sociedad de la información u otros servicios que incluyan contenidos publicitarios. Cualquier operadora que no preste servicios audiovisuales nunca será sujeto pasivo, y así lo han reconocido las propias operadoras a través de Redtel a la Comisión Europea".

Según Moratinos, los argumentos que sustentan la posición del Gobierno "son muy sólidos", y ello "le permite afrontar con tranquilidad la evolución del procedimiento iniciado, que hay que recordar que todavía no ha concluido".

El titular de Exteriores agregó que el Ejecutivo español "se siente muy orgulloso de haber establecido un modelo de televisión pública independiente, desgubernamentalizada y sin publicidad, con un sistema de financiación claro y transparente. Quizá en su propia comunidad, podrían seguir el ejemplo de TVE", le aconsejó Moratinos al parlamentario del PP que le preguntó, el senador valenciano Pedro Agramunt.

Frente a la tesis del Gobierno, el representante del PP consideró lógico que Bruselas haya dicho "no" a la "barbaridad" que supone, desde su perspectiva, el canon a las "telecos", porque grava no sólo a las operadoras que prestan servicios televisivos, como debería ser, sino también a las que sólo ganan dinero con comunicaciones electrónicas, "y eso no se ajusta a la normativa comunitaria". "Esos 230 millones de euros que ustedes han previsto para financiar a TVE a través de las teleoperadoras, tendrán que encontrarlos por otro sitio", advirtió Agramunt.