En declaraciones a Servimedia, García Suárez concretó que al menos se podrá legislar en los “elementos más controvertidos” de la actual ley educativa. En concreto, propuso destinar los 1.400 millones de desgravaciones fiscales a familias que “probablemente no lo necesitan” a otras medidas como paliar los “recortes flagrantes” que el sindicato considera que se ha producido en becas y políticas educativas.

Finalmente, desde la Federación de Enseñanza de CCOO pidieron “un cambio de rumbo también en el tono”, después de tener un ministerio que, según perciben, no les ha “mirado” ni “escuchado” a los responsables sindicales, y que se materialice en un plan para consolidar el empleo y luchar contra la precariedad de los profesionales del sector educativo, con un sistema transitorio de acceso a las plazas públicas específico para los interinos.