Al poco de asumir el cargo, el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, anunció al inicio de 2017 que la DGT llevaría a cabo una “profunda, amplia y extensa revisión” de su estrategia de seguridad vial e impulsaría una “profunda reforma” de la ley de seguridad vial como punta de lanza para modificaciones posteriores de los reglamentos de circulación, conductores y vehículos, entre otras medidas.

El Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad en marzo del año pasado una proposición no de ley instando al Gobierno a modificar la ley de tráfico, que ha sido reformada en 18 ocasiones desde 1990.

El año 2016 terminó con 1.161 muertos en las carreteras (con datos a 24 horas de los accidentes), esto es, la cifra más elevada desde 2012 y el fin de 12 años de descenso continuado de la mortalidad, puesto que entre 2003 (3.993 muertos) y 2015 (1.131) se produjo una reducción de 2.862 fallecidos en el periodo de mayor caída de la siniestralidad desde que la DGT comenzara en 1960 a registrar datos de accidentes.

Y 2017 terminó con 1.200 fallecidos, lo que supone la segunda cifra más elevada desde 2012 y el segundo año consecutivo de ascenso de la mortalidad, lo que no sucedía desde hace casi dos décadas con los repuntes seguidos de 1997 y 1998.

Fuentes de la DGT indicaron a Servimedia que este organismo envió hace pocas semanas al Ministerio del Interior un borrador de reforma del anteproyecto de Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial con el deseo de que fuera aprobado por el Consejo de Ministros este verano y el Parlamento diera luz verde al texto durante la legislatura ya finalizada.

Algunas de las novedades incluidas en la reforma son la reducción del límite de velocidad de 100 a 90 km/h en algunos tramos de carreteras convencionales (es decir, de un único carril por sentido), sanciones más duras para quienes conduzcan hablando por el teléfono móvil sin ningún dispositivo de manos libres, una tasa de alcohol más baja para los conductores profesionales y quitar puntos en el carné a los conductores que incumplan las restricciones medioambientales que impongan los ayuntamientos en episodios de alta contaminación, como ya hacen Madrid y Barcelona.

VÍCTIMAS DE TRÁFICO

El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez tras el triunfo de la primera moción de censura de la democracia a un Ejecutivo nacional deja la reforma de la ley de tráfico iniciada por la DGT en mayo del año pasado encerrada en un cajón del Ministerio del Interior.

Las entidades de víctimas de tráfico son partidarias de que el Ejecutivo de Sánchez retome ese trabajo. El presidente de la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes DIA, Francisco Canes, señaló este viernes a Servimedia que el nuevo Gobierno debería “hacer una nueva lectura” de la ley de tráfico y “promulgarla cuanto antes”.

“La seguridad vial debería ser una prioridad para el Gobierno, un tema de Estado”, comentó Canes, que reclamó un aumento de la plantilla de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que la obtención del carné de conducir “se adapte a los nuevos tiempos” por el vehículo autónomo y el eléctrico, que las víctimas de tráfico tengan “una atención adecuada” y que se anule la última modificación del Código Penal que despenaliza las faltas por accidentes de tráfico porque, según añadió, con ella “las víctimas tienen que pelearse con las aseguradoras”.

La presidenta de Stop Accidentes, Ana Novella, abogó por continuar con el trabajo iniciado hace un año por la DGT para cambiar la ley de tráfico. “Deberían retomarlo y no dejarlo porque lo empezaron unos y ahora están otros”, apuntó, antes de destacar que la seguridad vial tendría que ser “una prioridad política” para el nuevo Gobierno.

Por último, el presidente de Automovilistas Europeo Asociados (AEA), Mario Arnaldo, subrayó a Servimedia que el Ejecutivo de Sánchea debería “sacar a la sociedad española de la situación de anestesia en que se encuentra en materia de seguridad vial, que es lo que ha provocado el repunte tanto de víctimas como de accidentes”.

Arnaldo reclamó más dotación presupuestaria para el mantenimiento de las infraestructuras, el rejuvenecimiento del paque automovilístico y que la educación vial sea obligatoria en las aulas “desde la más tierna infancia”.