Para la organización estudiantil, el coste de esta prueba supone una vulneración de “la no discriminación y la igualdad efectiva en la permanencia en el sistema educativo”. Además, indica que no existen “mecanismos de ayuda” para aquellos con menos recursos económicos, lo que está provocando “grandes problemas” para muchas familias a la hora de afrontar el pago.

Incluso, el precio de la prueba puede ser “hasta tres veces mayor dependiendo de dónde viva el estudiante”, lo que produce un “agravio comparativo”. Por ello, solicita a las comunidades autónomas mecanismos para compensar dichas desigualdades.