Freire solicita que “se revierta al órgano de contratación la propiedad de todo el equipamiento en perfecto estado y libre de cargas y se proceda, igualmente, a la reversión del servicio, en condiciones normales de prestación para proceder a prestar este servicio de atención sanitaria de laboratorio clínico en forma de gestión directa”.

En la iniciativa se informa de que el contrato de gestión se firmó sobre la base de una prima por persona de 15,9 euros, una población protegida de 1.068.674 personas y un plazo de ejecución de ocho años, siendo la fecha efectiva de inicio a la prestación del servicio el 16 de junio de 2009, prorrogable por dos años más.

Asimismo, se señala que en el ejercicio 2016 se ha prorrogado el contrato, siendo el valor de la cápita 15,78 euros, para una población atendida de 1.500.000 habitantes.

Freire expone que en una comparecencia parlamentaria en octubre de 2017, el Gobierno afirmó no poder asegurar si la decisión “va a ser sacar un nuevo concurso de gestión del servicio público o va a ser otro tipo de medida” y añade que, sin embargo, en su respuesta a una pregunta realizada en abril de 2018, el Ejecutivo mostró su voluntad de “formalización de una nueva contratación de la gestión por concesión”.

En la proposición se acusa al Gobierno de “negligente en el cumplimiento de sus obligaciones en relación con el seguimiento de este contrato, pues la prórroga actual de dos años termina el 16 de junio de este año, sin que haya formalizado decisión alguna respecto al mismo”.

El PSOE considera que “consultados expertos del Servicio Madrileño de Salud en organización y gestión de laboratorios clínicos, no encuentran razón alguna para mantener externalizado este servicio, sacando a concurso un nuevo contrato del mismo, una vez finalizada la prórroga del actual”.