Así lo explicó el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tras una reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo donde trasladó el borrador del anteproyecto de ley que contempla estas medidas a las comunidades autónomas.

Se trata, según explicó, de “reforzar la seguridad jurídica de la ordenación urbanística”, para evitar “un grave perjuicio a los municipios”, puesto que se trata de procesos con una tramitación muy larga.

A este respecto, aclaró que dicha normativa no va a beneficiar al plan urbanístico que fue anulado en Santander, ciudad de la que fue alcalde antes de llegar al Ministerio de Fomento.

Esta normativa supondrá cambios tanto en la Ley del Suelo como en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Entre otras cosas, tasará las causas de nulidad total y limitará el impacto de la anulación a ámbitos específicos en función de las causas.

Estas medidas podrán afectar a planes urbanísticos que todavía no hayan entrado en vigor y a aquellos, que, aun habiendo sido impugnados, no se haya dictado sentencia.

Los plazos del Ministerio contemplan recibir las aportaciones de las autonomías, los municipios y los grupos políticos durante las próximas tres semanas, para que pueda aprobarse el anteproyecto en julio y culminar su tramitación parlamentaria a inicios de 2019.