Así lo dio a conocer este martes el Gobierno a través de una carta que envió el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, al secretario del Govern de la Generalitat, Víctor Cullell, en la que subraya que “no puede desconocerse que al momento presente sigue vigente la aplicación del artículo 155 de la Constitución”, tal y como resultó, recuerda, del acuerdo del Senado el pasado 27 de octubre de 2017.

Justifica así el Ejecutivo su bloqueo a la publicación del nombramiento del Gobierno de Torra en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), requisito indispensable para que el nuevo Govern se haga efectivo. Este procedimiento estaba pendiente desde el 19 de mayo, cuando Torra nombró a su equipo de gobierno.

En la misiva, Bermúdez de Castro responde a las “distintas cartas” que ha recibido en los últimos días desde la Generalitat sobre la publicación de los nombres de los consejeros propuestos por el presidente Torra.

El Ejecutivo responde que, en aplicación del artículo 155, la facultad del presidente de la Generalitat de nombrar los consejeros “queda igualmente condicionada a las previsiones que, siéndoles aplicables, resulten” del acuerdo del Senado.

Además, también le apunta que la formación del nuevo Gobierno es un “procesos progresivo y de tacto sucesivo, como lo es correlativamente el alzamiento del artículo 155 de la Constitución”.

Partiendo de esa “perspectiva”, el secretario de Estado le detalla que en el apartado E.3 del acuerdo del Senado “faculta al Gobierno a someter a autorización los actos, acuerdos, resoluciones o disposiciones normativas que hayan de ser objeto de publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña”.

Aspecto que dice que no tiene que verse como un “control meramente formal” sino como “un auténtico control de legalidad -que no de oportunidad-” otorgado por el 155 al Ejecutivo para “velar por el cumplimiento de la normativa estatal y autonómica de aplicación, al objeto de seguir manteniendo el orden constitucional frente a actuaciones contrarias al mismo”.

El Gobierno entiende que la propuesta de estas cuatro personas “no es válida ni eficaz, pues atendiendo a parámetros exclusivamente jurídicos no podrán desempeñar sus funciones institucionales como consejeros con arreglo a las previsiones y exigencias que para tal cometido recoge la normativa vigente”.