El informe del delegado para dirigir provisionalmente el IDP concluye que el instituto nunca tuvo personalidad jurídica propia, aunque actuaba como si la tuviera, ni se sometía a ninguna supervisión de la URJC, ni disponía de contabilidad oficial. El equipo de Gobierno de la universidad sigue investigando todas las irregularidades detectadas en la última década.

"Según la investigación encargada por el rector al profesor Pablo Acosta, responsable provisional del IDP, la gestión económica del Instituto recoge graves irregularidades, algunas de las cuales podrían ser constitutivas de delito", informó esta noche la universidad en una nota.

En el informe trasladado al juzgado se especifica que “se ha constatado la existencia de transferencias bancarias realizadas a personas que podrían estar incursas en causa de incompatibilidad para contratar con el Instituto por razones de parentesco. Se ha constatado la existencia de transferencias bancarias a cuentas en apariencia particulares sin que conste en el apunte bancario en qué concepto se realiza el pago".

Además, "hay disposiciones de efectivo en oficina bancaria por importes de miles de euros. El hecho de que se retiraran del banco cantidades en metálico impide saber a qué fin se dedicaron. Hay numerosos apuntes bancarios relativos al uso de tarjetas de crédito para gastos aparentemente personales en establecimientos comerciales no relacionados con la actividad docente e investigadora del Instituto”.

Asimismo, el informe recoge que “el Instituto de Derecho Público tiene abiertas cuentas en dos entidades bancarias: una es un banco comercial y otra en un banco de inversión. En este último se abrió cuenta en mayo de 2016 mediante una transferencia de 100.000 euros. Parte de ese dinero ha sido invertido en fondos de renta variable, algunos de los cuales podrían estar calificados como fondos de alto riesgo. La inversión de fondos públicos en este tipo de productos financieros, de confirmarse, es contraria a los principios de buena administración que obligan a cualquier funcionario público”.

El informe determina que “el Instituto funcionó desde su creación con plena autonomía de hecho, pero sin la debida cobertura jurídica, ni por parte de la ley ni del reglamento propio, que nunca llegó a ser aprobado por el consejo de gobierno de la URJC”. Igualmente, se ha constatado que no existía ninguna contabilidad oficial.

El dictamen también determina que una gran parte de la actividad académica del instituto distaba de ser la que correspondería a un organismo vinculado a la investigación y al conocimiento del derecho público. Según el informe, “el espíritu de la regulación es que los institutos puedan impartir docencia en materias derivadas de sus actividades de investigación. Sin embargo, la mayoría de la docencia que se ofrece desde el IDP nada tiene que ver con su actividad investigadora, y ni siquiera tiene que ver con el ámbito de actuación del Instituto, que es el Derecho Público”.

Algunos de los cursos que gestionaba el instituto eran, por ejemplo, Experto en Producción y Montaje de Exposiciones, Máster en Habilidades Profesionales y Desarrollo del Talento Humano o el Especialista en Detección de Sustancias Explosivas con Perros. Muchas de estas titulaciones se refieren al campo de la seguridad privada, al deporte o al ámbito sanitario, sin ninguna relación con la finalidad del instituto.