El decreto, de 2012, introdujo medidas “extremadamente agresivas” para la educación, según CCOO. Los recortes se definían como temporales y justificados por la situación económica del país, y supusieron “grandes cambios en todo el Estado en materia de jornada lectiva, empleo y ratios”, agrega.

El Gobierno aumentó el número de estudiantes por aula, extendió a dos semanas el plazo para la sustitución del profesorado en situación de baja laboral e incrementó la jornada docente. CCOO indicó que esto provocó la “destrucción de decenas de miles de plazas de trabajo” y “disparó la temporalidad y la precariedad”.