Cataluña
El Supremo suspende la declaración de la secretaria judicial que salió de la Consejería de Economía por la azotea
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El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha suspendido este miércoles la declaración como testigo de la secretaria judicial Montserrat del Toro, que tuvo que salir por la azotea de la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017, a consecuencia de las protestas independentistas que se produjeron a las puertas del edificio donde se efectuaba un registro por orden del juzgado número 13 de Barcelona.
Su declaración en calidad de testigo había sido solicitada por las defensas del exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconsejero de Exteriores Raül Romeva, que se encuentran en prisión provisional procesados por los delitos de rebelión y malversación. Los abogados han retirado su petición después de que la Fiscalía pidiera al juez que se diera a la secretaria judicial la condición de testigo protegido.
Del Toro acudió esta mañana a la sede del Supremo más de una hora antes de su cita para declarar. La secretaria judicial pidió la condición de testigo protegido ante el temor a que sus declaraciones de difundieran y se la pudiera reconocer en Cataluña, donde vive y trabaja. El magistrado ha considerado pertinente la petición.
Las defensas han decidido entonces renunciar a la declaración de esta testigo. Su testimonio podría arrojar luz sobre los sucedido durante el asedio a la Consejería de Economía del 20 de septiembre, que terminó con la salida por azotea de la secretaria judicial y con varios vehículos de la Guardia Civil, que la acompañaba en el registro, destrozados.
Lo sucedido ese día es un elemento nuclear para que el Tribunal Supremo pueda apreciar si hubo violencia que justifique el procesamiento de los investigados por el delito de rebelión. El juez ha citado para el jueves a otros tres testigos a petición de la defensa del expresidente de Òmnium, Jordi Cuixart.
Tras la suspensión de la declaración prevista para este miércoles, la acusación popular ejercida por VOX ha pedido que se interponga una multa a las defensas por su actuación, ya que la considera “en fraude procesal” y que supone una “falta de respeto al instructor, a las acusaciones y a la letrada” citada.
(SERVIMEDIA)
16 Mayo 2018
SGR/gja