Rivera presentó la proposición, de 15 artículos, en un acto junto a Luis Garicano, Marta Martín e Ignacio Aguado, recordando todos ellos la dimisión de Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid tras conocerse la "trama" de la Universidad Rey Juan Carlos.

Se trata de un "asunto importantísimo que ha marcado la actualidad para mal y queremos que la marque para bien", dijo Rivera, dado que el "buen hacer" de la mayor parte de la comunidad educativa merece que el Parlamento "regule, aclare" la transparencia en la Universidad y asegure su regeneración. La educación es el "motor de cambio" de una sociedad, argumentó, que no debe temer el talento sino "la mediocridad".

Aguado alertó de que la dimisión de Cifuentes no ha resuelto lo que es una "crisis de credibilidad" porque se han puesto "en jaque" los principales valores de la Universidad pública. Ella no era el problema, alertó, sino "el síntoma de algo que no ha funcionado bien", de lo que puede ser "una enfermedad" cuya gravedad tiene que ser aún calibrada con "valentía".

Marta Martín alertó de que el sistema universitario español tiene "fallos muy gordos" y es necesario, en primer lugar, mejorar los mecanismos de control externo con un Consejo Social integrado mayoritariamente por miembros independientes elegidos por "procedimientos abiertos y objetivos basados en el mérito y la capacidad". Además, Ciudadanos apuesta en su proposición por desarrollar la Alta Inspección Educativa del Estado para supervisar que las comunidades autónomas y las universidades cumplen la legislación sobre títulos, profesorado y gestión.

La proposición incluye la creación de un Consejo de Transparencia e Integridad independiente, encargado de velar por el cumplimiento de la legislación y el código ético, y de investigar las denuncias y proteger a los denunciantes, y que podría sancionar y retirar los títulos ilegalmente obtenidos.

Otra de las medidas propuestas es obligar a publicar 'online' todos los trabajos de máster y doctorado de la Universidad para garantizar el libre acceso y consulta de cualquier interesado, y que la convocatoria de plazas sea públicas y en fechas fijas cada año, publicadas en el BOE y en el Boletín Oficial de cada comunidad, además de en un portal unificado, eligiendo por sorteo a la mayoría de miembros de tribunales de selección, entre quienes tengan un mínimo de sexenios que acredite su capacidad académica e investigadora.

Además, dice Ciudadanos, todas las universidades deberán contar con unidades de auditoría y control de inversiones, gastos e ingresos, que reportarán al Consejo Social y que se registrarán en un informe público elevado anualmente al Tribunal de Cuentas y al órgano autonómico competente. La financiación adicional, añade, se vinculará a la calidad, con criterios como el porcentaje de profesores e investigadores de excelencia y a la rendición de cuentas.

Martín denunció que cuando los consejos sociales son "feudo o pasto" de la "intrusión política" no pueden ejercer su labor, por lo que es necesario que sus integrantes estén libres de toda "mochila política". Apostó además por el "software antiplagio" para que sea más difícil copiar contenidos pero además se incremente la calidad académica y se facilite la transferencia de conocimiento.

Garicano señaló la actual forma de provisión de plazas como una fuente de corrupción en la Universidad, ya que la ley no exige criterios meritocráticos y la mayoría lo que hacen es "distinguir entre los de casa y los de fuera".