El juzgado entiende que los tipos penales que se imputaban al acusado no pueden concurrir para el caso del CNI, puesto que el delito de injurias al que apela el organismo se refiere a los ejércitos y fuerzas de seguridad, entre los que no estarían los miembros de los servicios de inteligencia, y el ilícito de calumnias con publicidad hace referencia a personas físicas y jurídicas del derecho privado, pero no a las de derecho público como el centro de espionaje español.

La sentencia argumenta que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece que los valores que defiende el ordenamiento jurídico español son la dignidad, el prestigio institucional y la autoridad moral, y las personas jurídicas de derecho público no son titulares del derecho al honor, como a su vez deja claro el Tribunal Supremo.

La Abogacía del Estado, en representación del CNI, pedía que el joven fuera condenado por delito de injurias graves a los ejércitos, clases, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a 180.000 euros. La Fiscalía solicitaba 5.400 euros de multa al considerar que se trata de un delito de calumnias con publicidad.

Durante el juicio, el acusado de retractó de sus afirmaciones y pidió perdón al CNI. Previamente, Francisco Nicolás Gómez había sido condenado en 2016 por otro juzgado por estos hechos a 4.320 euros de multa por calumnias en una sentencia anulada por la Audiencia Provincial Madrid.

En noviembre de 2014, el 'pequeño Nicolás' afirmo que le habían avisado de que su teléfono había sido pinchado por el CNI ilegalmente y que le constaba que ese organismo utilizaba esas prácticas con otras personas cuando “alguien representa un problema para personalidades del Estado”.