Así lo reclamó este jueves el Defensor a través de un comunicado en el que recordó que la baja visión es “una condición permanente” que obliga a las personas que la tienen a usar dispositivos como anteojos de lupa, lupas de patas y de mano, telescopios o amplificadores de vídeo.

“Sin embargo, y al contrario de lo que sucede con los productos destinados a personas con otros tipos de discapacidad, las ayudas y elementos de apoyo que utilizan las personas con un alto déficit visual no se consideran de primera necesidad y por tanto su compra está gravada con un IVA general del 21% o reducido del 10%”, indicó Fernández Marugán.

En opinión del Defensor, “los poderes públicos tienen que asegurar una igualdad entre los individuos real y efectiva mediante acciones positivas para que todos puedan disfrutar de una vida digna”, por lo que ha recomendado a Hacienda “que elabore un catálogo de los productos que podrían beneficiarse de esta posible rebaja fiscal en colaboración con las asociaciones que representen a colectivos de personas con deficiencias visuales graves”.