Según informaron a Servimedia fuentes de Hacienda, el exmandatario autonómico debía haber entregado estas declaraciones tres meses después de su cese como presidente catalán.

El departamento que dirige Montoro recibió el pasado 9 de febrero información periódica sobre el cumplimiento de los altos cargos de la Generalitat catalana sobre el cumplimiento de la obligación de remitir las declaraciones de bienes. Esta disposición afecta también a exaltos cargos, como expresidentes y exconsejeros.

De acuerdo con la citada información, determinadas personas que ocupan o han ocupado puestos de responsabilidad en Cataluña, entre ellos el expresidente Puigdemont, “no habían entregado en el plazo de tres meses desde su cese las declaraciones previstas en la ley”.

“DESTITUCIÓN INMEDIATA”

Tras tener constancia de que el líder de Junts per Catalunya no había cumplido con su obligación, se dio un plazo para que pudiera atender esta disposición. Finalmente, este pasado 9 de mayo Hacienda ha enviado un requerimiento al Departamento de Gobernación, del propio departamento de Montoro, para que abra un expediente a Puigdemont.

Esto supone que en el plazo de 5 días se debe remitir desde el Departamento de Gobernación a los responsables del Ministerio “la documentación precisa para que se proceda a incoar el correspondiente procedimiento sancionador por infracción grave”.

Este incumplimiento por parte de Puigdemont es infracción grave y para el mismo se ha iniciado ya un procedimiento sancionador, que debe ratificar en último término el Consejo de Ministros. Si el expresidente catalán fuera sancionado, podría afrontar la “destitución inmediata” si fuera alto cargo y no podría ocupar ningún puesto de responsabilidad durante un periodo de hasta cuatro años.

APLICACIÓN DEL 155

La norma por la que podría ser inhabilitado Puigdemont es la Instrucción de 16 de noviembre de 2017 del titular del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat, que fue firmada por sustitución por el Ministro de Hacienda en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Esta regulación obliga a remitir a Hacienda información periódica acerca del cumplimiento por parte de los altos cargos de la Generalitat de las obligaciones previstas en la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, del régimen de incompatibilidad de los altos cargos al servicio de la Generalidad.

En concreto, los datos que Puigdemont no ha remitido son su declaración de actividades, una declaración patrimonial y de intereses (bienes, derechos y obligaciones incluyendo la última declaración tributaria de IRPF y patrimonio) y una declaración complementaria (cónyuges o convivientes y los demás familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que ocupan puestos en la Generalitat).