Causapié explicó que la ordenanza pretende regular desde las competencias municipales sobre licencias de actividad y publicidad exterior un tema cuya persecución penal correspondería al Estado, y por tanto la Policía Municipal tendría que dar traslado a la Nacional si observara prácticas delictivas.

En cualquier caso, admitió que el PSOE está comprometido con su aboliciónen general, sin distinguir entre prostitución voluntaria y trata de personas, porque da una imagen de desigualdad en las relaciones afectivas al poner el cuerpo de la mujer a disposición del hombre. Eso sí, puntualizó que la ordenanza afectaría no sólo a la prostitución femenina, sino también a la masculina.

Además de las sanciones, que irían desde 500 euros a las infracciones leves hasta los 1.500 si se cometen cerca de colegios y 3.000 si además se hacen de forma reiterada (cualquier consumo o publicidad de prostitución en la calle acarrearía una multa mínima de 750 euros), la propuesta de ordenanza contempla que el Ayuntamiento deje de contratar con medios de comunicación que incluyan anuncios de prostitución.

La portavoz socialista dijo haber hablado con muchas asociaciones de mujeres en el último año, y que saca ahora la propuesta para llegar a tiempo antes del fin de la legislatura en 2019, habida cuenta de que tendrá que hablarse con el resto de grupos, tener una aprobación inicial en Junta de Gobierno con el preceptivo mes de información pública y alegaciones antes de la definitiva, y después pasar por la comisión municipal y el Pleno.

Causapié cree que, incluso ahora, no se está aplicando ley general de publicidad cuando “se permite que la ciudad se llene de pasquines que denigran a las mujeres”, lo que haría ilícita esta propaganda.

Además, marcó distancias con la Ley de Seguridad Ciudadana, que ya contempla sanciones a los consumidores de prostitución, al apuntar que lo hace sólo si se realiza en algunos lugares públicos y que también puede multar a las mujeres que ejercen, algo que la propuesta socialista descarta, por lo que la publicidad de una prostituta que se anuncia voluntariamente no sería susceptible de sanción.