Puerto realizó estas afirmaciones en la reunión del foro de la Educación Inclusiva para el alumnado con discapacidad celebrado hoy en el Ministerio de Educación.

Entre las causas que originan esta situación, Puerto citó “la falta de voluntad política, las creencias y estereotipos basados en el déficit que todavía tiene la comunidad educativa, la falta de medidas ordinarias de apoyo (curriculares, sociales, organizativas y metodológicas), y la falta de formación del profesorado".

Además, lamentó que "ni se dispone de datos sobre la participación y progreso del alumnado", ni existe información sobre qué recursos de apoyo se están utilizando, dónde se están aplicando, con qué finalidad ni, lo más importante, qué impacto están teniendo".

"Así no es posible ni evaluar ni diseñar políticas educativas que nos permitan avanzar hacia la inclusión de forma eficaz", apuntó.

Agregó que "tampoco se están realizando avances en la incorporación de los centros de educación especial en el sistema ordinario, a pesar de que su transformación en centros de recursos para la escolarización ordinaria puede ser una de las claves del éxito".

DIFERENCIAS TERRITORIALES

"Otra cuestión que nos alarma enormemente son las esenciales diferencias entre territorios en estas políticas educativas", prosiguió, que "supone que el contenido del derecho a la educación de un alumno sea diferente dependiendo de dónde viva".

Por ejemplo, existen comunidades autónomas en las que un alumno no puede ser escolarizado en contra de la voluntad de sus padres en un centro de educación especial, mientras que en otras sí.

Por último, mostró su preocupación por el papel de las familias y los alumnos, ya que "la inclusión implica necesariamente que deben ser tenidos en cuenta y participar en la comunidad educativa, y en muchas ocasiones son excluidos del ámbito de la toma de decisiones o no disponen de información suficiente".