A pesar de las medidas anunciadas por el Gobierno, que recogen la revalorización de las pensiones respecto al IPC durante 2018 y 2019 y retrasar cuatro años la aplicación del factor de sostenibilidad, pensionistas de toda España siguen movilizándose exigiendo medidas que garanticen unas pensiones justas y dignas a medio y largo plazo.

El estudio ‘El ahorro para la jubilación a través de la empresa’, galardonado en la XII edición del Premio Edad&Vida Higinio Raventós, advierte del peligro de no acometer reformas estructurales al actual sistema de pensiones, ya que esta situación podría suponer una contracción de la economía del 6,5% en los próximos siete años.

Para evitar esta situación económica, el citado trabajo de investigación, desarrollado por el Instituto Complutense de Análisis Económico (ICEA) y la Universidad Complutense de Madrid, propone una reforma del sistema basada tanto en el desarrollo del ahorro colectivo a través de la empresa como en el de carácter individual. Unas medidas que, según Edad&Vida, “mejorarían significativamente el PIB, los beneficios empresariales y las tasas de ahorro, empleo y consumo de hogares en 2025”.

La propuesta avalada por Edad&Vida propone un sistema complementario de pensiones a través de la empresa de carácter mixto. Una parte sería obligatoria y progresiva, empezando por las empresas más grandes. La otra parte con un tratamiento fiscal favorable y atractivo tanto para las aportaciones realizadas como para los rendimientos obtenidos con, por ejemplo, deducciones proporcionalmente mayores en las primeras aportaciones que en las finales.

En opinión de Edad&Vida, “para diversificar el riesgo se hace preciso el desarrollo de los tres pilares de previsión social (reparto basado en el principio de solidaridad intergeneracional, ahorro colectivo a través de la empresa y ahorro de carácter individual, respectivamente) y cada uno de ellos debería verse como estabilizador de los otros dos en cada contexto económico”. “En todo caso”, manifiesta la Fundación, “cualquier reforma del sistema de pensiones en España debe contar con un amplio consenso político así como con el compromiso de los agentes sociales y la participación del sector financiero y asegurador”.