Esta mañana también estaban citados los exconsejeros Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila, que se negaron a hacer declaración alguna duran el trámite en el que el juez les comunica los delitos que se les atribuyen en la causa que investiga sobre el `procés´. A ellos se les atribuyen los delitos de desobediencia y malversación.

Las comparecencias fueron breves. Los tres exconseller se ratificaron en las declaraciones ya hechas previamente en se judicial y se remitieron a los argumentos que exponen en los recursos que tienen presentados en contra del auto de procesamiento.

Por su parte, Boya puso en duda la independencia del juez y le manifestó su extrañeza porque ella, que presentó las iniciativas independentistas en el Parlament en nombre de su grupo, esté acusada sólo de desobediencia, mientras que la expresidenta, Carme Forcadell, está en prisión y acusada de rebelión por permitir su debate.

En ese momento, el magistrado le preguntó si su intención era ser acusada por rebelión, ante lo que la dirigente de la CUP dijo que lo que pretendía era evidenciar que Forcadell no debería estar acusada por esos hechos. En su opinión, el delito de desobediencia no debería existir, puesto que bajo su punto de vista no hay ninguna norma que pueda estar por encima del derecho de autodeterminación. La acusación popular que ejerce VOX considera que las manifestaciones de Boya son “una soflama política”.

A LA ESPERA DE MONTORO

Los tres exconsejeros se limitaron a reafirmar las declaraciones ya hechas en sede judicial y mostraron su desacuerdo con su procesamiento por rebelión. Esperan ahora la resolución del juez sobre los recursos de reforma contra el auto de procesamiento, en los que se incide especialmente en la inexistencia del delito de malversación.

Sus defensas no esperan que la decisión del magistrado sea rápida habida cuenta de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aún no ha respondido al requerimiento del juez en relación al gasto de dinero público en el `procés´, que el propio ministro negó en una entrevista.

Ayer, lunes, estaban citados los cinco exmiembros de la Mesa que presidía Carme Forcadell, en prisión provisional en la actualidad. Se trata de Lluís María Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet. Sólo Barrufet faltó a la cita, alegando motivos de salud. Su comparecencia quedó aplazada y esta mañana se ha fijado para el próximo 21 de mayo por videoconferencia.

La declaración más larga fue la del exmiembro de la Mesa del Parlament y actual diputado por En Comú-Podem, Joan Josep Nuet, que a su salida advirtió del riesgo de que el Tribunal Constitucional haga juicios previos al debate y aprobación de leyes en los parlamentos, lo que supondría superar las “líneas rojas” de la democracia.

Los exmienbros de la Mesa del Parlament procesados por desobediencia y citados en el Tribunal Supremo para su declaración indagatoria aseguraron al juez Pablo Llarena que en el momento de votar “actos de trámite parlamentario”, que permitieron avanzar hacia la declaración unilateral de independencia, se creían protegidos por la “inviolabilidad parlamentaria”.