Así lo manifestó el presidente de Antaxi, Julio Sanz, en una rueda de prensa en la que pidió “consenso y voluntad política a los grupos parlamentarios” para que se pronuncien a favor de convertir esta norma en proyecto de ley, que se someterá a votación el próximo día 10 en el Congreso de los Diputados.

Durante el encuentro con los medios de comunicación, Sanz explicó también las carencias de esta norma y la necesidad de que se eleve a proyecto de ley para acabar con el vacío legal por el que actualmente se siguen concediendo autorizaciones VTC por vía judicial.

“Elevar a proyecto de ley el nuevo real decreto ley aprobado por Fomento conseguiría reducir la litigiosidad a la que está sometida el sector y supondría una oportunidad para lograr por fin una regulación armónica, además de tener en cuenta aspectos que este real decreto deja fuera”, expresó.

Y es que, según Sanz, quien afirmó que “se trata de un texto positivo” que recoge muchas de las demandas que el sector venía planteando, este real decreto ley aprobado el pasado 20 de abril por Fomento es “insuficiente, débil y vulnerable”, ya que “olvida aspectos que harían que el sector contase con una seguridad jurídica con la que ahora mismo no cuenta”.

En concreto, el presidente de Antaxi se refirió a la falta de criterios firmes para la transmisión de las autorizaciones VTC o al papel de las comunidades autónomas en la gestión de las autorizaciones de este tipo como algunos de los aspectos que este texto no contempla, “y que son fundamentales para acabar con la especulación encubierta con este tipo de autorizaciones”.

Fomento dio luz verde a este real decreto tan solo tres días después de que se celebrase en el Tribunal Supremo la vista oral de la demanda que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) interpuso contra el Reglamento de Ordenación de Transportes (ROTT) en 2015, que establecía, entre otras cosas, la proporcionalidad de una autorización VTC por cada 30 taxis.