En la iniciativa se insta al Gobierno regional a ”reconocer el esfuerzo intelectual y económico que los estudiantes de la URJC desarrollan cada día con el objetivo de obtener de manera lícita sus títulos académicos” y pide “tomar cuantas medidas sean necesarias para recuperar el prestigio" de la citada universidad, “gravemente afectado como consecuencias de la presunta trama de corrupción universitaria generada, y que habrían beneficiado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes”.

Asimismo, Cs propone “transformar la Fundación Madridmasd en una agencia independiente, a la que corresponderán las funciones de acreditación y certificación en el Espacio Madrileño de Educación Superior”.

La autora de la iniciativa indica que “dicha agencia actuará con independencia orgánica y funcional para lo que disfrutará de personalidad jurídica propia y se regirá por su propio Estatuto Orgánico y Funcional”.

“La transparencia, la autonomía, la excelencia y la legalidad son algunos de los pilares irrenunciables sobre los que la Institución pública universitaria debe construir su vocación de servicio y su prestigio”, expone la proposición no de ley.

A juicio de Ciudadanos, “son millones, los estudiantes que cada día empeñan su esfuerzo intelectual y económico con el objetivo de conseguir una titulación académica que acredite la correcta formación que les permita ampliar conocimiento y/o acceder a un determinado puesto de trabajo”.

“Sin embargo”, se declara en la iniciativa, “dicho prestigio ha sufrido un duro revés durante las últimas semanas”, refiriéndose al supuesto máster de Cristina Cifuentes. La parlamentaria asegura en la iniciativa que ”los efectos de estas presuntas irregularidades y la irresponsable actitud de los principales actores en la trama, han provocado una profunda mella en el prestigio forjado con el trabajo de los miles de profesores y estudiantes que cada día empeñan todos sus esfuerzos en obtener de manera lícita sus respectivos títulos académicos”.

Por último, añade que “en el plano de las responsabilidades políticas, la patente insuficiencia de las explicaciones vertidas en sede parlamentaria por la presidenta regional y su manifiesto rechazo a que se lleve a cabo una seria y profunda investigación parlamentaria centrada en los principales protagonistas de esta presunta trama delictiva, hacen urgente adopción de medidas que permitan recuperar el buen nombre de la universidad pública madrileña y por supuesto, salvaguardar la buena imagen de las instituciones”.