El informe sobre la lucha anticorrupción entre parlamentarios, jueces y fiscales publicado este jueves está avalado por Marin Mrčela, presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción, conocido por su siglas, Greco, quien dice que “2017 fue un año negro para la lucha contra la corrupción”.

El Consejo denuncia la lentitud en la aplicación de las medidas anticorrupción. En el caso de España, explica que de 11 recomendaciones recibidas desde el año 2014 no ha aplicado ninguno de los preceptos en cuatro ocasiones y en las otras siete sólo se han puesto en marcha parcialmente.

La institución europea ya ha amonestado en varias ocasiones a España por no avanzar en la prevención de la corrupción en el Parlamento y en garantía de la independencia judicial, puesta en cuestión reiteradamente por el Consejo, que critica la politización de sistema de elección del poder judicial.

El caso de España no es único, el informe explica que “nuevas iniciativas legislativas aprobadas en algunos países europeos en 2017 suponen un retroceso en reformas realizadas previamente para reforzar la prevención de la corrupción o inician reformas que podrían resultar en violaciones de los estándares anticorrupción del Consejo de Europa”.

España y Bélgica son los dos países que el grupo Greco señala como los únicos de los 47 miembros que no han sido capaces de implementar aún de manera completa ninguna de las recomendaciones que han recibido.

Entre las medidas que propone el Consejo para prevenir la corrupción en los parlamentos está la regularización de los informes de activos, la definición de las actividades económicas que pueden realizar y medidas de transparencia sobre sus relaciones de con grupos de influencia. Establecer reglas “claras”, dice el informe, ayudaría “a los parlamentarios y a otros a comprender cuál es la conducta que se espera de ellos y qué acciones están por debajo de lo aceptable, así como las consecuencias que pueden tener”. En el caso de los jueces, el Greco apuesta por que la promoción y entrada en la carrera judicial se produzca “por méritos” y no por motivaciones políticas.