Garrido señaló que se trata de un porcentaje que se incrementará hasta el 10% a los cuatro años de la entrada en vigor del acuerdo y señaló que el objetivo de la medida es "potenciar la actividad que realizan los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y las Empresas de Inserción para que puedan mantener y generar empleo y, con ello, contribuir a la integración laboral de las personas con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo".

Asimismo, añadió, se incorpora la posibilidad de que las empresas del ámbito de la Economía Social, fundamentalmente cooperativas y sociedades laborales, puedan acceder de forma prioritaria a determinados proceso de contratación, lo que contribuirá al fomento de la Economía Social en la región.

Informó de que el citado acuerdo se elaboró tras un proceso de consulta con los interlocutores sociales (CCOO Madrid, UGT Madrid y CEIM) e indicó que también participaron las organizaciones representativas de la Economía Social de la Comunidad de Madrid (cooperativas, sociedades laborales, Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo) y las organizaciones de autónomos.

INCLUSIÓN DE CRITERIOS SOCIALES EN LOS PLIEGOS

Garrido también manifestó que en dicho acuerdo se regula también la inclusión de criterios y cláusulas sociales y ambientales en los pliegos de contratación pública de la Comunidad de Madrid y destacó que se determina que dichas cláusulas podrán incorporarse en las distintas fases del contrato.

Además, indicó que en la fase de valoración se fomentará que los pliegos en los que se contemple más de un único criterio de adjudicación se tengan en cuenta criterios sociales como la política de nuevas contrataciones, la accesibilidad universal o la contratación de personas con dificultades de acceso al empleo; la integración de la perspectiva de género; aspectos medioambientales del producto o servicio ofertado como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o la eficiencia energética y utilización de fuentes de energía renovables.

Y en la fase de ejecución, concretó, se priorizarán también condiciones especiales, como la igualdad, la adopción de medidas de conciliación laboral, la flexibilización y el teletrabajo, la accesibilidad, el compromiso de incorporar en la ejecución de la prestación contratada al menos un determinado porcentaje de personas desempleadas que se encuentren en especial dificultad para acceder al empleo, o la obligación de la empresa adjudicataria de que, al menos, un determinado porcentaje de la plantilla adscrita a la ejecución del contrato sea indefinida.