Además, ha atendido más de 160.000 solicitudes de información de autoridades, según informó este jueves el Consejo General del Notariado, organización en la que se integra el OCP. Sólo en 2017, los notarios remitieron al Sepblac un total de 544 operaciones en las que había indicios de delito y se respondieron 19.806 solicitudes de información a autoridades.

Desde el Consejo destacaron que los “notarios españoles desempeñan una labor determinante en la prevención del blanqueo de capitales, de la financiación del terrorismo y del fraude fiscal”.

Para intensificar y canalizar esta labor, recordaron, el Ministerio de Economía creó en 2005 en el Consejo el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales y en 2007 el Órgano de Colaboración Tributaria (OCT).

Los técnicos del OCP desarrollan su trabajo analizando y cruzando datos, gracias a que las operaciones realizadas por los 2.800 notarios están parametrizadas y volcadas en el Índice Único Informatizado Notarial. También reciben alertas y avisos de los propios notarios sobre operaciones que les resultan sospechosas, que rastrean e investigan minuciosamente.

El Índice Único Informatizado Notarial contiene más de 116 millones de documentos notariales, lo que lo convierte en la segunda mayor base de datos del sector público, tras la de la Agencia Tributaria.

El OCP, comunica en nombre de los notarios las operaciones que considera de riesgo al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, la máxima autoridad española en la lucha contra el lavado de dinero negro. Responde a todas las peticiones de información de los órganos judiciales, administrativos y policiales, que persiguen estos delitos.

El director del OCP, Pedro Galindo, destacó que “el sistema diseñado por el notariado español garantiza que la información permanece siempre protegida y encriptada, siendo un reducido número de instituciones y personas las que pueden solicitarla”.

Además, Galindo añadió que “esta labor se realiza siempre con respecto a la normativa de Protección de Datos, garantizando el derecho del ciudadano a su privacidad”.