Así lo recoge el ‘Programa de Estabilidad 2018-2021’ remitido a Bruselas, en el que el Ejecutivo señala que las previsiones para los años 2018 y 2019 incorporan el impacto de nuevas figuras tributarias, planteadas en el marco del Pacto de Toledo, que permitirán compensar el coste de las medidas a adoptar en materia de pensiones.

En concreto, se prevé un incremento de la recaudación en 600 millones de euros en 2018 y en 1.500 millones adicionales en 2019.

El Ejecutivo señala que se introducirán en el sistema tributario español iniciativas encuadradas en la cooperación y coordinación tributaria europea. Así, se analizará la creación en 2018 de un nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales, que permitirá obtener una recaudación adicional de unos 600 millones de euros anuales.

El Gobierno explica a la Comisión que la subida de las pensiones mínimas será de alrededor del 3% en 2018 y que habrá una revalorización en 2018 y 2019 de todas las pensiones del 1,6% y el 1,5%, respectivamente.

Por otra parte, explica que los ingresos adicionales derivados de la relicitación de estas infraestructuras (autopistas en quiebra) “son margen adicional, para garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit”.

En cuanto al Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, el Gobierno señala que se procede a integrar, con efecto a partir del 1 de enero de 2019, el tipo impositivo autonómico en el tipo estatal especial, al objeto de garantizar la unidad de mercado en el ámbito de los combustibles y carburantes, sin que dicha medida suponga un “menoscabo” de los recursos de las comunidades autónomas.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En materia de gastos, las medidas previstas para 2018 atendiendo a la información comunicada por las comunidades autónomas como consecuencia del envío de los planes presupuestarios a medio plazo alcanzan en su conjunto un efecto adicional en términos incrementales del gasto de 368 millones de euros en 2018.

En cuanto a los ingresos de las comunidades autónomas para este año, el Ejecutivo destaca las medidas de carácter tributario, como consecuencia de reformas fiscales y de naturaleza recurrente.

La modificación de tipos impositivos, bases imponibles, bonificaciones o reducciones, son las medidas más frecuentemente previstas por las comunidades autónomas. Se han adoptado diversas medidas dentro de la tipología de otros tributos, con un impacto adicional esperado en 2018 de 112 millones de euros, sobresaliendo las derivadas de la creación de nuevos tributos por algunas regiones, tales como el impuesto sobre las bebidas envasadas con azúcar o el impuesto sobre estancias o alojamientos turísticos, así como las modificaciones del Impuesto de Sociedades en el ámbito de Navarra.

Se incluyen así mismo, diversas medidas de lucha contra el fraude fiscal y mejora de los procedimientos de control tributario.

El Ejecutivo estima que las medidas relativas a impuestos medioambientales, con especial incidencia del tributo sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos, tendrán en 2018 un efecto adicional positivo de 15 millones de euros.