En el marco de estas jornadas, organizadas por el Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid con la colaboración de la Fundación Seimc-GeSIDA, García-Samaniego pidió al Gobierno que actualice y adapte la estrategia nacional frente a la hepatitis C “a la nueva realidad de esta enfermedad en España”, muy diferente a aquella para la que fue concebida.

“Desde abril de 2015 se han tratado más de 100.000 personas con hepatitis C en España con los nuevos antivirales de acción directa (ADD), lo que ha cambiado sustancialmente el perfil de los pacientes, que ahora en la mayoría de los casos presentan una enfermedad más leve”, puntualizó en una nota informativa.

Según explicó, ese objetivo es posible siempre que a la extensión del tratamiento a todos los pacientes diagnosticados se sumen otras políticas “que empiezan a ser urgentes”. En este sentido, señaló que la estrategia nacional contra la hepatitis C debe centrarse en cuatro prioridades: “el desarrollo de políticas activas de cribado; la mejora de la continuidad asistencial para identificar y tratar a todos los pacientes con hepatitis C que no están en las consultas de Hepatología; el fortalecimiento del diagnóstico en un solo paso y en todos los centros sanitarios; y la promoción de las estrategias de microeliminación”.

En relación con la primera de estas prioridades, el coordinador de la Aehve subrayó que el cribado y tratamiento precoz de la hepatitis C “no es solo viable, sino también coste-efectivo, especialmente entre los 45 y 49 años de edad”.

En cuanto al diagnóstico en un único paso, este experto se refirió a un estudio realizado por especialistas de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) que mostró que, aunque un 81% de los hospitales dispone de los recursos para realizarlo (con una única extracción de sangre), únicamente lo hace el 38%.

Además, García-Samaniego destacó la importancia de abordar estrategias de microeliminación en segmentos específicos y poblaciones prioritarias como instituciones penitenciarias, “donde la prevalencia es diez veces superior a la de la población general, debido principalmente a las prácticas de riesgo que se dan en esta población (usuarios de drogas por vía parenteral-UDVP)”.

“Los últimos datos reflejan que esta prevalencia se sitúa entre el 14,8% en las prisiones administradas por el Ministerio del Interior y del 12% en las prisiones catalanas. Esta prevalencia ha ido, no obstante, disminuyendo durante los últimos años (de forma paralela a la disminución del VIH y del número de internos UDVP), tanto por las medidas preventivas implantadas en los centros penitenciarios, como por el cambio en las prácticas de riesgo de los internos actuales y, más recientemente, por el tratamiento de muchos de ellos, haciendo viable el objetivo de la eliminación en este segmento incluso antes que en la población general”, destacó.