Valiente fue la primera compareciente en la comisión de investigación sobre la municipalización de Bicimad, que se inició hoy abordando los inicios del servicio de alquiler de bicicletas desde que el anterior Gobierno municipal lo adjudicó a Bonopark en 2013.

A preguntas del portavoz de Ciudadanos en la comisión, Sergio Brabezo, Valiente reconoció también es que Bonopark no demostró solvencia técnica ni económica, aunque en principio se le adjudicó frente a otra unión temporal de empresas por ofrecer al Ayuntamiento un 10% más de beneficios respecto al 50% establecido en el pliego de condiciones y aportar bicicletas eléctricas, que en principio no estaban previstas.

“Parecía que tenía solvencia técnica. Otra cosa es que la decisión al final fuera más o menos afortunada”, comentó, antes de reconocer que el anclaje de las bicicletas “era muy deficiente”, por lo que no sólo el vandalismo tuvo la culpa de la pérdida de unidades.

Brabezo pasó a preguntar por la decisión del actual Gobierno municipal de adquirir la cesión del contrato, hasta que el presidente de la comisión, el socialista Ignacio de Benito, y la portavoz del PSOE Mercedes González le reprocharon que el objeto de hoy eran los comercios.

Valiente respondió que rescatar el servicio ante la falta de solvencia económica de Bonopark era “pan para hoy y hambre para mañana”, y que otras opcione habrían obligado a interrumpir un servicio muy apreciado por los ciudadanos. Por último, justificó que se mantenga a la empresa como socio tecnológico porque no se trata de dar “premios o castigos” y Bonopark “hizo lo que pudo”. En todo caso, calificó de “modélica” la cesión del contrato en 2016 a la Empresa Municipal de Transportes, que es “muy solvente”.

La propia González intentó conducir sus preguntas a acreditar, por las respuestas de Valiente, que Bonopark no tenía “una situación financiera solvente” ni tuvo el conocimiento técnico suficiente y que “la dotación presupuestaria de los contratos integrales era bajísima”, aunque dijo comprenderlo ante la “situación de crisis” y que, por ejemplo, el del Servicio de Estacionamiento Regulado, que también se adjudicó por un 30% menos, funcionó sin problemas; por el contrario, “en otros servicios no sobredimensionados ha hecho un daño espantoso”.

En la misma línea, Yolanda Rodríguez, de Ahora Madrid, contrastando los 51,4 millones por los que se presupuestó el contrato con My Bici, predecesor del de Bicimad y que tuvo un montante de más del doble que éste con dos años menos de duración y sin bicicletas eléctricas, llevó a Valiente a decir que el suscrito con Bonopark fue “de saldo” y “claramente insuficiente”, por una “decisión política” tomada por encima de ella y de la que por lo tanto se desvinculó.

“Sabíamos que el contrato iba ajustadísimo de precio”, dijo más tarde, antes de justificar que no se pusieran penalizaciones a Bonopark, porque eso no ayuda a “una empresa que se está ahogando”.

Desde el PP, Álvaro González comenzó protestando porque, a su juicio, al abordarse los primeros años de Bicimad se estaba “distorsionando el acuerdo plenario” de investigar la municipalización (fue el PSOE quien sugirió después remontarse a los orígenes), y también levantó protestas de Ahora Madrid y los socialistas por vincular esos antecedentes a la situación actual, que supuestamente debe ser objeto de futuras sesiones.

Posteriormente, llevó a Valiente a reconocer que no hubo “ninguna irregularidad” en el procedimiento de adjudicación a Bonopark y que esta empresa “era la que cumplía mejor” el pliego de condiciones y dentro de la legalidad. Además, el portavoz popular sacó a colación que Bonopark, ya con Ahora Madrid en el gobierno, solicitó un reequilibrio presupuestario como consecuencia del vandalismo, y aseguró que hubo varias reuniones para tratarlo.

Tras la comparecencia de la coordinadora, los portavoces de la comisión se volvieron a reunir en junta para aclarar si se podía preguntar por temas relacionados con la municipalización o sólo con los orígenes del servicio de bicicletas.