En una nota de prensa, Anged justifica su demanda porque “la aplicación de este impuesto puede ser tan legal como insostenible en la sociedad digital en la que se desarrolla el comercio, ya que incrementa los graves desequilibrios fiscales entre operadores físicos y digitales”.

Por ello, solicita a las autonomías que lo aplican reconsiderar este tipo de tributos y “avanzar hacia un marco regulatorio y fiscal moderno que no perjudique las tiendas físicas, el empleo y riqueza que estas generan en sus territorios”.

Anged se opone a dicho impuesto porque “grava en exclusiva a las compañías con grandes establecimientos comerciales, perjudicando gravemente su competitividad respecto de otros operadores, formatos y modelos comerciales”.

En especial, alerta sobre su diferencia con respecto a las plataformas digitales, “que no están sujetas a las mismas barreras operativas, restricciones e impuestos que, como el IGEC, erosionan el negocio de las empresas”. A este respecto, recuerda que hace una semana, la Comisión Europea pidió reducir las barreras operativas y comerciales en España, que ya es el segundo país más restrictivo de la UE.

“Tributos como el IGEC no sólo son anacrónicos, sino que distorsionan gravemente la oferta comercial, penalizan la capacidad de crecimiento de las empresas, drenando recursos a la inversión y la generación de empleo”, concluye Anged.