La concejal del PSOE Mar Espinar, que olvidó justificar la urgencia de la iniciativa pero la avalaron los dos grupos que luego la sacaron adelante, dijo que Montes fue “injustamente atacado por el PP y su espectro de palmeros” cuando Esperanza Aguirre gobernaba la Comunidad y se le acusó de matar a 400 pacientes por medio de una sedación eutanásica, aunque el caso se sobreseyó en los tribunales.

Según dijo, el PP “se ensañó” con él para “desmantelar el sistema de salud pública” llamándole “doctor muerte” o “Terminator” y llenándoles a él y a su equipo de “calumnias”, a sabiendas, en su opinión, pese a lo que nunca le pidió perdón después del archivo de la causa.

Espinar ensalzó a Montes por “poner la libertad del paciente por encima de todo” y dijo que atacarle hoy es “mentir a sabiendas de que se miente”. Además, recordó la aprobación en la Comunidad de Madrid de una Ley por la Muerte Digna, a propuesta del PSOE aunque aún no aplicada, frente a una visión que tachó de “falaz y tremenamente injusta”.

El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, recordó que él conoció a Montes y debatió con él sobre los temas éticos relacionados con el final de la vida, y dijo que le parece merecedor de una calle por defender la autodeterminación en la vida personal para que nadie decida por uno mismo cuál es una vida digna y también la justicia y la Sanidad como derecho, en igualdad de acceso para todos y no como “una oportunidad de negocio”.

Desde Ciudadanos, la concejala Sofía Miranda lamentó la muerte del doctor Montes aunque indicó que no le parece que sea una cuestión de urgencia, pues se podría haber votado el mes que viene. Además, dijo que Montes ejerció en Leganés y no en Madrid capital, ni genera suficiente consenso, y terminó constatando que hoy ya nadie cuestiona el testamento vital.

En nombre del PP, Inmaculada Sanz Otero indicó que esto no es de ningún modo una cuestión de urgencia, por lo que calificó de “torticero” el uso de esta posibilidad, que atribuyó a que el PSOE no quiere que Podemos se le adelante, y desafió: “No sabemos qué mérito tiene esta persona aparte de ser de los suyos”.

Sanz Otero aseguró que fue el socialista Rafael Simancas quien habló de eutanasia generalizada, propuso otros nombres de médicos para el callejero y redujo la iniciativa a la supuesta batalla entre el PSOE y Podemos a ver “quién es más de izquierdas”.

En su segundo turno, Espinar defendió la iniciativa como una lucha “entre el bien y el mal”, calificó de ejemplar a Montes por querer humanizar la muerte y que éste llegó a ser director del Hospital de La Paz, por lo que sí tiene vinculación con Madrid. Barbero, por su parte, dijo que vivió un descenso de consumo de morfina en los hospitales en aquella época por el miedo que generó la persecución de la Comunidad entre los profesionales y alabó su compasión por aliviar el sufrimiento de las personas; un sustantivo al que opuso la “crueldad” de los políticos que lanzaron su “caza de brujas” contra el médico fallecido.