Según informa OCU, hasta ahora había llevado a cabo distintas acciones en defensa de los accionistas en los ámbitos penal y administrativo. En la vía civil, los abogados de OCU consideran viables diferentes acciones civiles para los accionistas afectados que en su momento decidieron no aceptar la oferta del Banco Santander.

Para poder ejercitar todas las acciones civiles posibles, OCU ha fijado el plazo del 10 de mayo para recoger la documentación necesaria para la presentación de las demandas individuales.

El resto de acciones iniciadas siguen su curso a la espera de una decisión definitiva. La querella presentada contra los antiguos administradores del banco en el mes de junio de 2017, pocos días después de la liquidación del banco fue admitida a trámite por la Audiencia Nacional y sigue su curso.

Además, OCU recurrió tanto la resolución del Banco llevada a cabo por la Junta Única de Resolución (JUR), como la adjudicación por parte del FROB al Banco de Santander. La OCU confía en que la justicia en cualquiera de sus ámbitos reconozca el derecho a una indemnización por los perjuicios sufridos por los afectados.