El organismo supervisor ha elaborado un informe, a petición del Ministerio de Justicia, sobre este anteproyecto que unifica las vías de acceso a las profesiones de abogado y procurador, permite que una misma sociedad profesional preste servicios de abogacía y de procura, y reduce el montante máximo de honorarios de un procurador por un mismo proceso a 75.000 euros.

La CNMC valora positivamente las reformas propuestas, pero considera que “siguen existiendo importantes barreras a la competencia” en ambas profesiones, que plantean dudas en cuanto a su compatibilidad con las exigencias de la Directiva Europea de Servicios y los principios de buena regulación vigentes en España.

Competencia advierte de que pese a que existirá un único título profesional para ser abogado y procurador, se mantiene la incompatibilidad de ejercicio de ambas profesiones, de modo que un abogado no podrá realizar funciones de procura, o viceversa.

El cambio de una profesión a otra se verá lastrado por la exigencia de colegiaciones separadas para cada una, lo que “restará eficacia liberalizadora a la reforma”. Tal y como establece el anteproyecto, los procuradores mantendrán la exclusividad para las funciones de representación técnica y los actos de comunicación a los tribunales. La CNMC considera que estas reservas “no están justificadas por una razón imperiosa de interés general”.

Otro aspecto del anteproyecto que destaca la CNMC es que se permitirá que las sociedades profesionales (despachos, por ejemplo) puedan estar integradas por abogados y procuradores, y cree que debe evitarse que la pertenencia a estas sociedades imponga a los abogados las incompatibilidades profesionales que existan para la procura.

En la actualidad, los procuradores cobran por un sistema de aranceles, bajo el que solo se les permite efectuar un descuento sobre el arancel regulado para cada supuesto. La propuesta prevé una futura reforma de este sistema para acercarlo a la libertad de precios que ha sido defendida por la CNMC. Sin embargo, la propuesta no aborda dicha reforma y solo concreta la reducción de la cuantía máxima que un procurador puede percibir por asunto.