Así lo dijo el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien compareció este lunes en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados para dar cuenta del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 aprobado por el Gobierno el pasado mes de marzo.

De la Serna explicó que la anulación de decenas de planes urbanísticos en el ámbito judicial está "produciendo serios problemas” para el desarrollo urbano.

Señaló que ante la situación de “inseguridad jurídica” que se está creando, junto con la imposibilidad de subsanar los motivos por los que se anulan los planes, algunas comunidades autónomas han aprobado medidas parciales.

En esta línea, el ministro indicó que el Ejecutivo ha elaborado un borrador de un anteproyecto de ley para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la ordenación urbanística.

De la Serna afirmó que “estamos en disposición de poner en marcha una norma en la que se adopten un conjunto de medidas que pretendan reforzar esa seguridad jurídica”.

“Trataremos de, con esta documentación inicial que hemos elaborado junto con Justicia, entrar en contacto con los grupos políticos para intentar consensuar un documento que podamos tramitar”, destacó.

En lo que respecta al Plan de Vivienda, De la Serna puso de relieve que con las ayudas que contempla, este Plan tiene un “enorme” y “marcado” carácter social, al enfocarse en las personas con mayor grado de vulnerabilidad.

El Plan de Vivienda cuenta con una dotación de 1.443 millones de euros, un 62,5% más en relación con el Plan de Vivienda para el periodo 2013-2016.

Entre las medidas, destaca la que permitirá que el Estado central y las autonomías asuman el pago de hasta 400 euros de alquiler a personas desahuciadas o colectivos vulnerables, con una aportación del 80% del Ministerio y del 20% de las autonomías.

También se incrementa de 600 a 900 euros el coste máximo de los alquileres que se podrán beneficiar de las ayudas y se elimina el límite máximo de 2.400 euros al año.

De la Serna defendió que con este Plan se favorece el acceso a la vivienda a personas con ingresos reducidos al tiempo que se posibilita la regeneración urbana, con las ayudas a la rehabilitación.