Así lo expresó el presidente de Antaxi, Julio Sanz, tras conocer que el departamento dirigido por Iñigo de la Serna ha sacado adelante esta normativa en la que “no ha tenido en cuenta aspectos fundamentales como el establecimiento de criterios firmes para la transmisión de autorizaciones VTC, o el papel de las comunidades autónomas en la gestión de este tipo de autorizaciones”.

Y es que, Según Sanz, esta normativa no responde a las demandas de modificación que desde Antaxi y el resto del colectivo llevan haciendo desde 2009 y “no es más que un nuevo parche que no soluciona el conflicto y que solo va a conseguir que se vuelvan a judicializar las normas que regulan la actividad de 100.000 familias”.

“Se trata de un acuerdo de mínimos con actores minoritarios que olvida aspectos que harían que el sector contase con una seguridad jurídica con la que ahora mismo, y como consecuencia de una cadena de malas decisiones por parte del Ministerio de Fomento, el sector no cuenta”, incidió Sanz.

Además, denuncia que el texto de esta nueva normativa no les ha sido facilitado ni por la Administración ni por los partidos políticos y que no se les ha tenido en cuenta para elaborarlo.

“Entendemos que el Gobierno puede ejercer la capacidad de legislar, pero al ser uno de los principales implicados en el conflicto, no puede obviar los intereses de la mayoría del sector del taxi formado por autónomos, como ha hecho en este caso”, subrayó Julio Sanz.

Fomento ha dado luz verde a este real decreto tan solo tres días después de que se celebrase en el Tribunal Supremo la vista oral de la demanda que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) interpuso contra el Reglamento de Ordenación de Transportes en 2015, que establecía, entre otras cosas, la proporcionalidad de 1 autorización VTC por cada 30 taxis.

En este sentido, el presidente de Antaxi ha mostrado la preocupación del sector con el futuro de las miles de solicitudes VTC que se han hecho desde noviembre de 2015 y se pregunta “que ocurrirá con ellas hasta que entre en vigor esta nueva norma, en caso de que el Tribunal Supremo estime la demanda interpuesta por la CNMC”.