Así lo acordó este viernes el Consejo de Ministros tras los fallos que estarían experimentando los dispositivos de geolocalización de agresores machistas dada su obsolescencia. El nuevo contrato prevé, por tanto, “una renovación tecnológica” de las pulseras y “mejorar” el servicio de seguimiento de las órdenes de alejamiento por violencia de género.

Según denunció el PSOE, las conocidas como 'pulseras' llevaban tiempo dando alertas falsas que implicaban una alerta a las víctimas sin haberse producido riesgo alguno, extremo que el Gobierno nunca reconoció.

Sin embargo, el nuevo pliego recoge la renovación de las pulseras por un sistema más novedoso, mientras que con el anterior pliego se pretendía la renovación de 3.000 pulseras de 2009 casi con los mismos fondos presupuestados en el anterior concurso, de manera que quedó desierto. Ahora se limita el tiempo de explotación del servicio y se aumenta notablemente el presupuesto hasta los 28,36 millones por dos años prorrogables a cinco, más del doble de dinero que constaba en el anterior pliego.

Los dispositivos de posicionamiento GPS que portan la víctimas se encuentran vinculados a un brazalete que porta el maltratador, que emite una señal de radiofrecuencia permanentemente y que es recibida por el dispositivo de posicionamiento de la víctima.

El dispositivo de la mujer y las autoridades reciben una señal de alarma cuando el brazalete que porta su agresor se encuentra incluso a una distancia de 500 metros. Esta supervisión y seguridad de las víctimas es encargada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a una empresa privada.