Esta fianza tendrá que ser depositada por el titular del coto y los dos guardas que en el momento en que se produjeron los hechos estaban al cargo de la labores de administración y gestión del aprovechamiento cinegético de los terrenos, según informaron este jueves Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF, que ejercen la acusación popular en este proceso.

El objeto de la fianza es responder a la posible indemnización por los daños causados por los envenenamientos y el pago del valor de las especies de fauna que se vieron afectadas. El juez ha decretado la celebración del juicio oral después de seis años de instrucción.

"La imposición de esta fianza es importante en cuanto que reconocen el valor del daño producido por el uso ilegal de cebos envenenados y demuestra que colocar cebos envenenados en el medio natural tiene consecuencias económicas y legales para los autores”, señalaron Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF en un comunicado.

La presencia en los tribunales, realizado en el marco del proyecto Life+ Veneno, ha permitido a las organizaciones ecologistas trasladar a los órganos judiciales y a la sociedad que el veneno es una amenaza grave contra la biodiversidad y apoyar el trabajo de investigación realizado por los agentes de medio ambiente de Castilla-La Mancha y el Seprona de la Guardia Civil.

LOS HECHOS

Entre agosto y septiembre de 2011 fueron localizados en el coto privado de Casa Nueva, en el término municipal de Gerindote, al menos 55 ejemplares de animales envenenados, entre los que se encontraban 23 milanos negros, cinco aguiluchos laguneros, seis milanos reales y un águila imperial ibérica, estas dos últimas especies catalogadas en peligro de extinción. Los análisis posteriores confirmaron la muerte por efecto de dos potentes insecticidas que habían sido utilizados para la elaboración de los cebos.

Las labores de investigación de la Unidad de Investigación de Venenos (Unive) del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha y el Servicio para la Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil permitieron localizar los animales envenenados y determinar la imputación del titular y los dos guardas como posibles autores de los hechos.