Según consta en el sumario, al que tuvo acceso Servimedia, de esa cantidad total, 980.313 euros se destinaron a pagar la compra de los sobres del referéndum ilegal del 1-O. Otros 61.879 euros se fueron en pagar publicidad y carteles a través de Òmnium Cultural, la organización que presidía Jordi Cuixart, que se encuentra en prisión preventiva.

A estas cantidades hay que añadir, según los informes de la Guardia Civil, los 217.656 euros gastados en promoción de la causa independentista en el extranjero, que controlaba el exconsejero de Exteriores Raül Romeva, otros 152.578 euros en material electoral y 502.639 en publicidad audiovisual.

Establece, además que el grupo parlamentario Junts pel Sí, y en su nombre Jordi Turull, pagó un total de 17.690 euros por el alquiler el Teatro Nacional de Cataluña, el lugar donde se llevó a cabo la presentación del referéndum del 1-O.

La acusación popular ejercida por VOX ha anunciado que ante “la gravedad de lo constatado” en esos informes es precisa la “inmediata dimisión” o “el cese fulminante” del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que el pasado lunes aseguró en una entrevista concedida a El Mundo que el `procés´ no había recibido ni un solo euro de dinero público.

Dentro del entramado destinado a la celebración del referéndum, la investigación asigna un papel central a Òmnium Cultural que sirvió de entidad intermedia para hacer publicidad del proceso independentista y del referéndum camuflando parte del gasto.

De hecho, responsabiliza al secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia de la Generalitat, Antoni Molons García, de utilizar la organización dirigida por Cuixart "como sociedad interpuesta, para realizar labores relacionadas con la solicitud a empresas de artes gráficas y distribución de carteles propagandísticos en los que llamaba a la población a votar en el ilegal referéndum del 1-O". Entiende la Guardia Civil que todo ese gasto lo sufragaba en realidad la Generalitat.

Según VOX, que ha valorado este jueves el contenido del sumario, el titular de Hacienda ha hecho un flaco favor a la Abogacía del Estado y a la acusación popular al afirmar que el `procés´ no se ha sufragado con dinero público y considera que debe abandonar su puesto “por haber faltado a la verdad y haber causado un grave perjuicio a la acusación penal contra los golpistas perjudicando igualmente la aplicación de la euroorden y entrega de Puigdemont a España por Alemania”.

El juez Pablo Llarena requirió ayer a Montoro para que le diera explicaciones sobre la afirmación hecha en la entrevista, después de que varios de los procesados por esta causa negaran la existencia de malversación apoyándose en las palabras del ministro de Hacienda,

El Ministerio ha anunciado que enviará a Llarena en los próximos días todos los certificados de los pagos que ha realizado la Generalitat de Cataluña desde el año 2015, así como todos los requerimientos bilaterales de información que se han realizado desde el Ministerio a la comunidad autónoma.