Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados con motivo del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PEG) de 2018, que se encuentra en tramitación en la Cámara Baja, Escrivá consideró que “tenemos un déficit de gasto social, lo vemos en dependencia, en pensiones”.

Al mismo tiempo, el presidente de la Airef explicó que en 2017 el gasto de los ayuntamientos, que tuvieron un superávit del 0,6% del PIB, unos 6.000 millones de euros, creció un 1%, mientras que la regla de gasto les permitía hacerlo al 2%. “Algunos ayuntamientos sí se han visto topados por la regla de gasto, pero en general no ha sido vinculante”, añadió.

Por ello, Escrivá avisó de que “como resultado del envejecimiento de la población” en los próximos años va a haber una mayor presión en el gasto social, por lo que recomendó imitar a otros países europeos en los que “quienes asumen el gasto social son los ayuntamientos, porque son servicios muy de proximidad”.

PENSIONES

En concreto, el presidente de la Airef indicó que es previsible un aumento de la presion en sanidad, dependencia y pensiones.

Sobre este último punto, preguntado por el impacto que tendría indexar la revalorización de las pensiones al IPC, Escrivá indicó que supondría un gasto adicional de 7 décimas en 2023 y de 1,2 puntos en 2030.

Sin embargo, Escrivá criticó los mensajes alarmistas sobre la insostenibilidad del sistema de pensiones al considerar que “no está sustentado por el análisis y la evaluación”. “Me preocupa mucho la sensación que se está trasladando a los pensionistas y a la sociedad de que hay un problema muy agudo de medio plazo de las pensiones, porque esto no está sustentado por el análisis y la evaluación”, afirmó sobre este punto.

“Muchos de los análisis están basados en unas previsiones de población que suponen que la población va a seguir decreciendo, pero esto choca con cómo se ha comportado este país y la capacidad que tiene de absorber inmigrantes”, explicó.

En la misma línea, Escrivá aseguró no entender “cómo cuando tenemos dificultades para hacer previsiones a un año hacemos previsiones a 40 años”, para a continuación añadir que “no hay derecho a transmitir esta incertidumbre y decir que esto va a ser la ruina”. “No es verdad y terminamos afectando a una parte de la población que por su edad está inquieta, y no es razonable”, concluyó.