Así se manifestó, en declaraciones a Servimedia, el portavoz de la asociación de jueces, Ignacio González, respecto a la decisión de la Mesa del Parlament a raíz de que Llarena denegase la salida de prisión del expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, para acudir hoy a la investidura.

González destacó que “la Mesa del Parlament debe representar a la Cámara catalana y, por tanto, a todos los ciudadanos de Cataluña”. En este sentido, añadió, “lo más adecuada hubiese sido que el propio afectado o el grupo parlamentario que se sienta perjudicado fuera el que presentara la querella”.

Sin embargo, puntualizó que “lo más razonable hubiese sido acudir a los recursos procedentes ante el Constitucional o ante el propio Tribunal Supremo, porque estamos en un sistema de garantías”. González señaló que el hecho de que una resolución judicial “no sea la que a uno le beneficie, eso no quiere decir que deba de ser una prevaricación”.

El portavoz de JpD recordó también que “la ley pone a disposición de las partes y de los ciudadanos este derecho”, pero “otra cosa es que vaya a prosperar o no”, agregó.