Así lo afirmó durante su intervención en la clausura del acto ‘Sistema de pensiones. Situación en España y experiencias internacionales’, organizado por Inverco, en el que aseguró que, con una previsión de inflación del 2%, dicho incremento del 0,25% “generará un deterioro del poder adquisitivo de las pensiones”.

Sin embargo, Hernández indicó que las últimas reformas del sistema de pensiones de 2011 y 2013 garantizarán la sostenibilidad del sistema al lograr el equilibrio presupuestario en el largo plazo.

CAÍDA DE LA TASA DE SUSTITUCIÓN

En este sentido, explicó que dicha sostenibilidad se obtendría “fundamentalmente” a través de una reducción de la tasa de sustitución que situó en 20 puntos porcentuales respecto a la actual. Este elemento, junto “a la mejora de la tasa de empleo, contrarrestarían las presiones demográficas hasta establilizar la ratio de gasto en pensiones sobre PIB”, añadió.

Ante esta importante reducción de la tasa de sustitución entre el sueldo ingresado durante la vida laboral y la pensión, Hernández destacó la necesidad de realizar un ejercicio de transparencia. “Los ciudadanos deben saber a qué se enfrentan, porque sólo así tomarán decisiones de ahorro que sean compatibles con las tasas de sustitución que querrían tener”, añadió.

Por otra parte, señaló que “el sistema de pensiones no se puede ver como algo completamente aislado” y consideró que mantener el sistema “es más fácil” con un endeudamiento menor, por lo que destacó la importancia de continuar en la consolidación fiscal.

Durante su intervención, Hernández explicó que las últimas proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE) implican un aumento de 4 puntos porcentuales del gasto público en pensiones en 2035 y de 11,6 puntos prcentuales en 2060 debido al envejecimiento de la población”.

Así, indicó que el incremento del gasto en pensiones podría variar entre 9,9 y 14,7 puntos porcentuales en 2060 y que “incluso si España consiguiera reducir su tasa de paro hasta los niveles de otros países de la UE”, con una tasa de empleo del 60-80% en 2060 (por el 56% actual), sólo reduciría el gasto en pensiones entre 1,5 y 6,7 puntos porcentuales de PIB, lo que supondría solamente en torno al 60% de las presiones demográficas.