El juez le impone como medidas cautelares comparecencias todos los lunes en el juzgado de guardia y prohibición de salida del municipio de residencia, salvo para acudir al trabajo si este estuviera fuera de dicha localidad. Además, necesitará autorización judicial para realizar cualquier salida del término municipal y se le impone la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de facilitar domicilio y teléfono donde pueda estar localizable.

El magistrado ha acordado también dictar una orden de detención respecto de la otra persona buscada por la Guardia Civil en Esplugues de Llobregat y que no ha podido ser localizada hasta el momento. El magistrado ha dictado secreto de sumario. El delito que se atribuye a Tamara Carrasco está penado en el Código Penal con entre seis meses y tres años de prisión.

La Fiscalía solicitó este jueves que se decretara prisión provisional para la detenida, como presunta responsable de delitos cometidos con finalidad de rebelión, sin perjuicio de las ulteriores calificaciones que puedan adoptarse conforme avance la investigación. Así lo ha comunicado el ministerio público a los medios de comunicación pese a que en el momento de las detenciones indicó que también le atribuiría un delito de terrorismo.

REVÉS PARA FISCALÍA

Ahora el juez Diego de Egea rebaja las expectativas de la Fiscalía y le atribuye únicamente un delito de desórdenes públicos. Si la Fiscalía no recurre la decisión del magistrado, éste tendrá que inhibirse a favor del juez ordinario correspondiente al partido judicial de Gavà, que es el correspondiente al domicilio de la detenida.

La Fiscalía ha sostenido en la declaración de este jueves que la investigada habría desarrollado actividades de dirección y coordinación en actos de sabotaje, formando parte de un reducido equipo de dirección que determina las pautas de actuación y las consignas de movilización de estos grupos, con actos de rebeldía encaminados a normalizar la desobediencia y exteriorizar la confrontación con el Estado.

Entiende que Carrasco acabó trasladando a la calle con “actuaciones violentas” el proceso soberanista catalán que se investiga en sendos procedimientos en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional, como una “clara amenaza directa al orden constitucional establecido”.

La gravedad de las penas con las que se castigan estos hechos, dice la Fiscalía, además del riesgo de reiteración delictiva, dadas las acciones que la detenida presuntamente pretendía coordinar, unido a la finalidad de evitar la destrucción de pruebas por la actitud ya acreditada de la misma, determina la necesidad de la medida cautelar solicitada.

OPERACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL

La mujer, de 34 años, fue arrestada por la Guardia Civil, ante la que se acogió a su derecho a no declarar, y fue trasladada a las dependencias de la Benemérita de Tres Cantos (Madrid). Tamara G.C. llegó sobre las 10.00 horas de la mañana de hoy a la Audiencia Nacional a bordo de un vehículo camuflado, pero su declaración no comenzó hasta las 13.20 horas.

La Guardia Civil realizó el martes una operación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional para detener a los líderes de los Comités de Defensa de la República (CDR). Los agentes registraron el domicilio de Tamara G.C., donde se incautaron de material informático, una agenda, teléfonos móviles y material propagandístico. La operación se inició a raíz de una denuncia de la Fiscalía que la relaciona con un audio difundido en las redes sociales en el que daba instrucciones para realizar sabotajes.

Estas detenciones se enmarcan en la investigación liderada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre los más de 250 Comités de Defensa de la República (CDR) que han venido actuando desde Semana Santa de manera coordinada en Cataluña para cortar carreteras y anular peajes.