La Cámara Baja convalidó, con 264 votos a favor, uno en contra y 73 abstenciones, el decreto por el que se permite a las corporaciones locales que tuvieron superávit en 2017 y que cumplen con el periodo de pago a proveedores realizar inversiones financieramente sostenibles.

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, defendió este jueves el importante papel que juegan las corporaciones locales en España, para señalar que “no sobran ayuntamientos” y sí gobernantes cuya “mentalidad” es “gastar cada año más”.

“Lo que sobra es ineficiencia” en la gestión, afirmó en el Pleno del Congreso el ministro, quien subrayó que este decreto es fruto de una negociación “sincera, leal y constructiva” con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para destacar su “cooperación y disposición”. Pese al apoyo mostrado por el grueso de los grupos parlamentarios, éstos también coincidieron en que el decreto es insuficiente y que llega tarde.

El decreto prorroga “la medida de flexibilidad en el destino del superávit” que se introdujo en 2014 para permitir a las corporaciones locales destinar su remanente a inversiones en lugar de a la reducción de su deuda, tal y como establecía inicialmente la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esta medida ya fue prorrogada en 2015 mediante una disposición adicional y en 2016 y 2017 a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En esta ocasión, la autorización para estas inversiones se produce vía decreto siguiendo la petición de la FEMP ante el retraso en la aprobación de los PGE de 2018. De esta forma, se permitirá a los ayuntamientos con superávit empezar a trabajar en estas inversiones sin tener que esperar a la aprobación de los Presupuestos.