La iniciativa salió adelante por 259 votos a favor y 79 abstenciones. Los populares consiguieron el apoyo de formaciones como Foro, PDECat, PNV y Ciudadanos, mientras que Unidos Podemos y PSOE se abstuvieron.

La propuesta del PP habilita un “canal adecuado” para que toda persona que disponga de conocimiento o sospecha fundada de incumplimiento de las obligaciones en materia de supervisión prudencial de entidades de crédito tenga la posibilidad y el derecho a comunicarlo al Banco de España con las debidas garantías. Es lo que se conoce como ‘whistleblowing’.

Por otra parte, la proposición refuerza las facultades supervisoras de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para darle acceso a los registros telefónicos y de tráfico de datos que obren en poder de un operador de telecomunicaciones, cuando existan sospechas fundadas de infracción y cuando tales registros puedan ser pertinentes para una investigación de infracciones.

La CNMV también tendrá acceso a los registros existentes de conversaciones telefónicas o comunicaciones electrónicas u otros registros de tráfico de datos que obren en poder de la institución de inversión colectiva, la sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva o la sociedad de inversión, entre otras.